Polémica Internacional por la Reforma a la Ley de Glaciares
Se aprobó la reforma a la Ley de Glaciares, lo que desató una polémica nacional, pero también advertencias de la comunidad internacional.
📅 13/04/2026
✍️ Por Delfina Marquez Izurrieta, estudiante de Relaciones Exteriores/Internacionales de la Universidad de San Andrés
La Ley de Glaciares (Ley 26.639), sancionada en 2010, es una normativa de nuestro país que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y el ambiente periglacial en Argentina. Su objetivo es preservar las masas de hielo como reservas estratégicas de agua dulce para el consumo humano, la agricultura y el mantenimiento de los ecosistemas. Actualmente, la ley prohíbe con multas la exploración y explotación minera o de hidrocarburos en éstas áreas protegidas. La nueva propuesta, impulsada este mismo año y aprobada hace unos cinco días, busca fomentar inversiones mineras mediante cambios estructurales en la normativa. El alcance de la protección se vería reducido solamente a las grandes masas, dejando de lado el cuidado de cientos de glaciares menores. Además, se busca restringir altamente los límites de los ambientes periglaciares para permitir la instalación de infraestructura minera (para la explotación de litio y cobre). Por otro lado, se transfiere a las provincias la potestad de decidir qué glaciares proteger y dónde permitir actividades extractivas, bajo el argumento de que son las titulares originarias de sus recursos naturales. La reforma, condicionada por estos puntos centrales, permitiría que, en caso de desacuerdo con la IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), la opinión del gobierno provincial tenga más peso para determinar qué es un glaciar protegido.
Esta reforma, ya con su propuesta y luego con su sanción en ambas cámaras argentinas, generó una fuerte polémica internacional por el conflicto entre el fomento de inversiones para la explotación económica de la zona frente a la gran crisis climática global. Investigadores especiales de las Naciones Unidas enviaron un mensaje al gobierno expresando su preocupación por el impacto de la reforma en los derechos humanos, específicamente el acceso al agua potable y a un medioambiente sano. Además cuestionaron que se pase de un régimen de prohibiciones claras a uno de análisis “caso por caso”, lo que debilita la protección de los glaciares. Dado que los glaciares están perdiendo masa todos los días a un ritmo acelerado, y que la reforma podría poner en riesgo el agua de alrededor de 7 millones de personas (aproximadamente 1800 localidades), se critica que se reemplace la metodología científica y el cuidado del medio ambiente por decisiones basadas en “oportunidades económicas y políticas”. Definitivamente, este nuevo marco legal probablemente va a generar bastante conflicto, tanto en la justicia como en la sociedad. Va a poner a prueba cómo se equilibra el uso de recursos importantes con el respeto a los derechos humanos y el cuidado del ambiente en todo el país, teniendo en cuenta que es una obligación soberana proteger recursos hídricos esenciales ante las crisis climática global.
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